Buen puente me espera

abc 05/12/06
Saura, la Ley y los okupas
EL estreno de Joan Saura, líder de ICV-EV, como consejero de Interior de la Generalitat llega rodeado por la polémica. Las afinidades ideológicas que su grupo político mantiene con los «okupas» y otros activistas antisistema no son fáciles de conciliar con la responsabilidad sobre el orden y la seguridad ciudadana. De hecho, la pasividad de los agentes ante la «okupación», el pasado sábado, de una fábrica en Barcelona es la primera muestra de que el reparto de poder en el tripartito puede causar serios problemas a José Montilla. La oposición contra el sistema, no exenta de agresividad, es el último refugio de una extrema izquierda que carece de discurso político. Reventar las reuniones del G-8, tomar las calles de forma violenta en contra de la globalización o destruir el mobiliario urbano y los comercios que encuentran a su paso son actos intolerables en una sociedad democrática. La ocupación ilegal de inmuebles es, en este sentido, una de las actividades más llamativas de estos grupos marginales, capaces de hacer mucho ruido y de causar importantes daños patrimoniales. Así lo considera el Código Penal vigente -aprobado en 1995, con el impulso de un gobierno socialista-, cuyo artículo 246 sanciona como delito la conducta del que ocupa una cosa inmueble y, en particular, del que ocupa, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o bien se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular. El tipo penal está muy claro y, por tanto, los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber inexcusable de impedir tales conductas y poner a disposición de los jueces a quienes no cumplan la ley.
Aunque menos agresivo en las formas que su antecesor, el nuevo tripartito catalán no puede ocultar el carácter radical de sus integrantes. El PSOE y el propio PSC deberían ser conscientes de las consecuencias de contar con socios como ERC, que rechazan el modelo territorial y la forma de gobierno o que hacen guiños a la marginalidad ideológica, impropios de una sociedad moderna, como en el caso que nos ocupa. Aunque operan en toda España, es notorio que los grupos antisistema actúan con especial preferencia en Cataluña. Algunas autoridades tienden a mirar hacia otro lado ante el temor a perder una supuesta aureola progresista. La suspensión reciente de una reunión europea de alto nivel ante el temor de posibles incidentes es la mejor expresión de lo que no debe hacerse. Cumplir la ley y respetar el orden público propio de una sociedad democrática -como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos- son deberes inherentes a los gobernantes en un Estado de Derecho. El consejero Saura debe ser consciente de sus obligaciones y no dejarse llevar por querencias ideológicas que encubren la realización de actos inaceptables para la convivencia.