La gestión de la cosa pública

DURANTE la campaña electoral he leído varias veces el grito de Ortega, «Españoles, a las cosas», pero desgraciadamente lo escribían siempre analistas y no candidatos. Y sin embargo, el resultado de estas elecciones municipales y autonómicas va a poner a prueba la capacidad de los elegidos para gestionar los asuntos públicos, porque son éstas las Administraciones más próximas al ciudadano y con competencias directas sobre la calidad de vida. Sobre ellas recae la gestión del urbanismo, de la educación y la sanidad, y también la provisión de servicios sociales y la puesta en marcha de la ley de dependencia. Tareas ingentes y que van a demandar mucho acierto en los elegidos, mucho análisis, mucha reflexión y muy poca ideología. Será difícil pero habrá que intentarlo, a pesar de que la vigente ley electoral fuerza las componendas postelectorales, anclada como está en una visión romántica y asamblearia de la política como diálogo y negociación permanente. Proliferan así en nuestros municipios, y tan efímeras como las setas en primavera, candidaturas presuntamente independientes sin más ambición que convertirse en necesaria bisagra y dar satisfacción a intereses personales.
Estas elecciones han tenido lugar, una vez más, sin haber cerrado el sistema de financiación autonómica ni haber garantizado la independencia económica de los ayuntamientos al margen de la reclasificación de suelo. Perderemos así al menos otra legislatura definiendo las reglas de juego en vez de jugando el partido, y corremos el riesgo de profundizar el enfrentamiento entre los españoles si el gobierno actual insiste en excluir a los populares de la reforma del bloque constitucional. Pero la nave va, que decía el maestro Fellini, y los ciudadanos no pueden esperar.
Los municipios españoles se han convertido en un pilar necesario del Estado del Bienestar. Pesan sobre ellos demandas crecientes de servicios sociales que no pueden rechazar. La Federación de Municipios y Provincias estima en 60.000 millones de euros el gasto acumulado en competencias que no les corresponden. Cierto es que la bonanza económica ha llevado a muchos alcaldes y más aún alcaldables por la senda del populismo del gasto, pero también que los municipios europeos gastan casi el doble por ciudadano que los españoles. Es hora de ponerse a las cosas y de romper el nudo gordiano, siquiera sea porque la desaceleración del sector inmobiliario amenaza con dejar sin ingresos las arcas municipales y porque los daños colaterales de este peculiar sistema de financiación corrompen nuestra democracia y empañan nuestra imagen exterior. El suelo es sólo un bien escaso porque nos empeñamos en regularlo y así aumentamos artificialmente su precio y las oportunidades de arbitraje, especulación y renta. Paliar ese impacto alcista con medidas restrictivas adicionales sólo cabe en mentes ajenas a toda lógica económica.
Los economistas coincidimos en que el desarrollo del Estado de las Autonomías ha tenido una asignatura pendiente en los municipios. Una deuda que los políticos han reconocido tarde y mal, porque la segunda transición autonómica la ha aplazado sine die. Establecer un sistema de participación municipal en el IVA y en el impuesto de sociedades es urgente. Si no lo hacemos pronto, los alcaldes recurrirán crecientemente a impuestos, tasas y licencias injustas e ineficientes que afectan a la competitividad de nuestras empresas y en nada contribuyen a mejorar el modelo de crecimiento económico. Recordemos la tasa por uso de espacio público a los cajeros automáticos y su extensión a la telefonía móvil. Que nadie se confunda, no es una preocupación corporativa ni retórica, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio acaba de alertar que los impuestos municipales vinculados a la creación de empresas son en muchas ocasiones abusivos.
Pero de la misma manera que la fiscalidad moderna, véanse las recomendaciones de la OCDE o el FMI, aconseja disminuir el peso de los impuestos directos, sobre personas y sociedades y aumentar la tributación sobre el gasto, la moderna financiación municipal debería también replantearse el importe de las tasas por el uso de servicios municipales. En las economías más desarrolladas son las personas y no las empresas quienes pagan los bienes públicos que disfrutan. No parece lógico que no haya dinero para desarrollar las prestaciones de dependencia mientras que disfrutamos de las instalaciones deportivas, los espectáculos culturales o el transporte público entre los más baratos de Europa. La campaña electoral ha sido pródiga en nuevas promesas de gratis total. Confiemos en que los españoles hayan sabido separar a los demagogos de los gestores responsables y podamos evitarnos los dolorosos procesos de reconducción del tamaño del Estado de Bienestar que han tenido lugar en el Reino Unido, Alemania y ahora Francia.
Las Comunidades Autónomas deberían ser la fuente de la segunda descentralización, tanto en términos de recursos económicos, su peso en los ingresos totales del Estado es superior en España al que tienen en países federales consolidados, como en competencias asumidas, a todas luces excesivas. Es conocido que la mayoría del gasto social se hace mejor desde los ayuntamientos, pero esta proposición es también aplicable a gran parte del gasto educativo y al sociosanitario derivado de la aplicación del derecho de dependencia. De paso nos evitaríamos la polarización ideológica del debate educativo y dejaríamos de confundir servicio público con gestión estatal de ese servicio. A los ciudadanos les preocupa la calidad de la educación y su coste de provisión, no la naturaleza jurídica de su concesionario. La municipalización de la enseñanza no universitaria permitiría ensayar fórmulas imaginativas de gestión y dirección de centros, de incentivos y estímulos a la consecución de resultados educativos preestablecidos, de compromiso de la comunidad local con la educación. Fórmulas ensayadas con éxito en otros países. Algo de eso hemos visto ya en materia sanitaria en las Comunidades más innovadoras. La comparación y adopción generalizada de las mejores prácticas en la materia podría contribuir a superar el atraso educativo y tecnológico que muestran las estadísticas internacionales. Y a superar una visión simplista de este atraso como una cuestión de más recursos públicos. Los municipios, instados por las asociaciones de padres, pondrían encima del debate palabras como responsabilidad, esfuerzo, disciplina, gestión profesional, transparencia económica. Eso sí sería una verdadera segunda transición, una auténtica España plural. Fijemos definitivamente las competencias del Estado central y pongamos a competir a ayuntamientos y comunidades autónomas en la gestión de las cosas que preocupan a los españoles. He ahí todo un programa orteguiano para los nuevos alcaldes y presidentes.
FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS
Rector de la Universidad Antonio de Nebrija