Condenar el genocidio de 250.000 prisioneros políticos republicanos

Albert Camús expresó en los años cincuenta que "España era la demostración de que la Fuerza podía arrasar la Razón". Los esfuerzos mantenidos en nuestro país y en el mundo por devolver a España las libertades democráticas desembocaron en los Pactos de la Transición que se firmaron sin entrar al detalle de la gigantesca dimensión de la represión franquista en nuestro país, desde el Golpe de Estado de Franco 1936 a la firma de esos Pactos 1978. La correlación de fuerzas en ese año daba una mayoría aplastante a la derecha española aún.

Pero los treinta años trascurridos desde entonces, no han pasado en balde, desde el punto de vista del conocimiento de la propia historia que hoy tiene la ciudadanía, de sus luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación, de su infinita paciencia y su capacidad organizativa.

El historiador Julián Casanova ha escrito que fue a mediados de los años noventa, cuando se liberaron a la luz, una serie de documentos, que permitieron conocer, en su astronómica dimensión, los nombres, el número y las prisiones donde se produjo el ensañamiento de la Represión Franquista sobre los Prisioneros Políticos Republicanos, las sacas y los fusilamientos sin juicio. Entre esos documentos quizá estuviera el testimonio de uno de esos prisioneros, Ernest Carratalá y su libro "Doy Fé" .

A estos datos se suman los bien conocidos por el Partido Comunista de España, por las hoy legales logias masónicas, por haberlos sufrido en propia carne y el Informe del Ex Fiscal anticorrupción, D. Carlos Jiménez Villarejo, que señala haber obtenido sus datos de fuentes archivistitas franquistas: 192.648 prisioneros, documentados. Si a ello sumamos la cifra dada por el presidente de la Federación de Foros por la Memoria, José María Pedreño: alrededor de 60.000 desaparecidos, sin duda estamos ante un genocidio de alrededor de 253.000 seres humanos. Estadísticamente, seis prisioneros cada hora, en el periodo comprendido entre el 2 de abril de 1936 y el 15 de junio de 1944.

Para comprender hoy la dimensión de la cruel sinrazón que embargo a los vencedores del 1 de abril de 1939, solo tenemos que imaginarnos leyendo una noticia en algún diario de hoy donde se dijera que en Alcalá-Meco mueren seis prisioneros por hora, por ejemplo.

Por eso, si es exigible la anulación de los juicios franquistas ¿Cuánto mas no lo será la condena solemne, en la Ley de Memoria, de ese Genocidio de doscientos sesenta mil seres humanos, del que nadie quiere hablar ni describir?

Ha sido un magistrado emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín, quien ha expresado en El Escorial, que "los pueblos no pueden olvidar sus genocidios, para que nunca se repitan". Y el pueblo no lo olvidaremos jamás. Otro tanto deberían hacer los redactores finales de la Ley de Memoria, en 2007, transcurridos ya setenta años de aquellas atrocidades, el Ministro de Justicia, el Gobierno de España.

Nuestro país no es el único que ha sufrido etapas de deshumanización similares o mayores que nuestra postguerra, pero han sabido resolverlo a los pocos años. En España, la ocultación de ese Genocidio durante tantos años, es una infámia que a todos nos deshumaniza, que nos convierte en autómatas, desde los más altos representantes del poder político al último mileurista, no sólo a sus ejecutores.