El agua, proyecto nacional

LAS imágenes del agua desperdiciada, sin utilidad para nadie, son fiel reflejo del fracaso al que conduce una política estrecha y localista. En muy pocos días, la crecida del Ebro arrojó al mar el agua necesaria para dos años en las regiones levantinas. Hay otros datos contundentes: sólo se consiguió almacenar el 10 por ciento de la riada y se perdió más agua de la que Murcia podría desalinizar en un año entero. En estas circunstancias, no debe extrañar la reapertura del debate sobre el trasvase del Ebro y la comparación entre el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP y el fallido Proyecto Agua del Ejecutivo actual, que descarta dicho trasvase. España necesita un pacto nacional en esta decisiva materia, inspirado por un proyecto común y solidario frente a los intereses partidistas de corto alcance. El agua enfrenta hoy día a regiones como Murcia y Castilla-La Mancha, unidas por todo género de vínculos sociales y afectivos; en Aragón, algunos políticos transmiten una visión sesgada de la política hidráulica que sólo atiende a ventajas coyunturales, y las tesis nacionalistas sobre este asunto han generado en Cataluña un enfoque insolidario y particularista. Las cosas no pueden seguir así. Entre unos y otros, el trasvase del Ebro ha quedado para mejor ocasión, mientras las lluvias de Semana Santa provocaban inundaciones, campos anegados y una triste sensación de haber dilapidado un caudal imprescindible para atender necesidades acuciantes. En nuestro país, el agua es un bien escaso y muy mal repartido por la naturaleza. Por tanto, es imprescindible desarrollar las infraestructuras necesarias para aprovechar hasta la última gota y para distribuirla con criterios racionales. Es decir, todo lo contrario de lo que viene haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, atado por compromisos partidistas y que se limita a poner parches y a anunciar proyectos que nunca se cumplen.

Trasvases, pantanos y obras hidráulicas de diversos niveles deben contemplarse como soluciones a medio y largo plazo, que no pueden quedar al arbitrio de un cambio de mayorías. Las nuevas necesidades de uso y consumo, los efectos del cambio climático y la degradación de las cuencas por el impacto de algunas industrias son fenómenos que agravan un problema ya de por sí complejo. También en esta materia el Gobierno ha demostrado su incapacidad para plantear proyectos nacionales de largo alcance más allá de las estrategias oportunistas. Sin embargo, España no puede afrontar el siglo XXI sin luchar contra la amenaza de una sequía que puede llevar al colapso a determinadas zonas de nuestro territorio. Todo ello, sin vencedores ni vencidos y sin agravios para nadie, sino buscando una compensación razonable entre los equilibrios regionales.