O sea, q si mato a alguien no es delito porque de todas formas iba a morir.
La Audiencia se extraña de que no se acusara al Consell y a los Ayuntamientos
"El río Segura se había convertido en esos años en el tramo citado [desde Orihuela hasta Guardamar del Segura] en un colector de aguas residuales por los vertidos procedentes de los Ayuntamientos y de diversas empresas", recoge textualmente la sentencia publicada ayer por la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche.
La sala también expresa su sorpresa por la imputación en el procedimiento de los cargos de la Confederación y la no inclusión de los Ayuntamientos y el Consell, últimos responsables de los vertidos en virtud del Plan Nacional de Saneamiento al que se sumó la Generalitat valenciana en 1994. "Llama la atención a la sala la imputación per saltum realizada en el presente procedimiento, al dirigir la acusación primeramente contra los funcionarios de la CHS, en lugar de hacerlo contra los responsables municipales o autonómicos por los vertidos que no se ajustaban a los límites legales", asevera el tribunal.
De los 11 industriales procesados, siete estaban acusados por el fiscal, el titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. El ministerio público solicitaba para ellos penas que oscilaban entre dos y cuatro años de prisión. Los otros cuatros empresarios y los ex cargos de la Confederación (los ex presidentes, Juan Cánovas y Antonio Nieto, y el ex Comisario de Aguas, José Alemán) estaban imputados por la acusación popular, ejercida por los grupos Ecologistas en Acción del País Valenciano y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante. Esta parte solicitaba seis años de cárcel para los funcionarios y entre seis meses y un año de prisión para los empresarios.Las reacciones a la sentencia absolutoria de los procesados por los vertidos tóxicos al cauce del Segura han sido disímiles. Los dos grupos ecologistas que ejercían la acusación popular consideran el fallo del tribunal "vergonzoso y escandaloso, independientemente del respeto que nos merece la Administración de Justicia", precisan en un comunicado conjunto. La sala, además de exculpar a los acusados por esta parte, también les impone el pago de las ocho catorceavas partes de las costas del proceso.
Los dos grupos conservacionistas han anunciado que presentaran un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Mediante sentencias tan lamentables como la presente la independencia del sistema judicial queda en entredicho y se lanza un mensaje claramente intimidatorio a los colectivos de defensa del medioambiente y tranquilizador a los responsables de la contaminación del río Segura", señala el comunicado.
Mientras, uno de los ex altos cargos de la CHS procesados, el ex presidente del organismo hidrológico, Juan Cánovas, ha manifestado que su absolución y la del resto de acusados "evidencia un fracaso de la acusación que ejercían dos colectivos ecologistas". Cánovas reiteró que en todo momento "cumplió con sus obligaciones" respecto al control de los vertidos al cauce del río. Esta apreciación de Cánovas también es esgrimida por el tribunal como base para la exculpación de los tres funcionarios procesados. La sala considera que éstos cumplieron con su labor de "vigilancia y sancionadora". "En ningún caso estaba en manos de la CHS la posibilidad de paralizar los vertidos de las poblaciones a través del alcantarillado", puntualiza la sentencia.
En cuanto a la absolución de los 11 empresarios imputados en el sumario, el tribunal, pese a reconocer que las pruebas de las tomas de los vertidos de esas industrias contenían agentes contaminantes, cuestiona su validez científica y, además, subraya que de las mismas no se puede determinar la influencia de esos vertidos en la polución del río, "que ya presentaba un grave estado de contaminación fundamentalmente por la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, debida en un 70% a la depuradora de Murcia".
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